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“Traición a la patria y conspiración”: MP abre investigación a Guaidó por caso Monómeros

El fiscal de la administración de Maduro, Tarek William Saab anunció este martes, 14 de septiembre, que el Ministerio Público abrió una nueva investigación en contra del dirigente opositor Juan Guaidó. En tal sentido, precisó que el proceso está relacionado al caso de la empresa Monómeros.

Saab informó sobre la medida a través de su cuenta en Twitter (@TarekWiliamsSaab) y designó a dos fiscales para iniciar la investigación. Asimismo, indicó que es señalado por “usurpación de funciones”, “traición a la patria” y “conspiración”, entre otros.

“El apertura investigación contra el sujeto Juan Guaidó por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir: designados fiscal 22 nacional y fiscal 73 nacional”, escribió.

El pasado 23 de marzo, Saab anunció otra investigación penal en contra de Guaidó y otros opositores por el “secuestro” de “recursos del Estado venezolano”. Entre los delitos de los que se le señaló, están "usurpación de funciones, corrupción, terrorismo y rebelión".

CASO MONÓMEROS

Monómeros, empresa en manos del equipo de Guaidó, entró en la figura de “control”, después de una decisión de las autoridades colombianas. Así pues, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estará bajo el máximo grado de supervisión de la Superintendencia de Sociedades.

No se trata de una expropiación, coadministración o toma de posesión, pero los directivos deben informar a la Superintendencia sobre todas las decisiones que tomen. De tal forma, el organismo espera subsanar una “situación crítica” dentro de la empresa de Venezuela.

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monomeros colombo venezolanos carmen elisa hernández
Planta de Monómeros Colombo Venezolanos / Cortesía: Getty Images

Tras la decisión, Guaidó aseguró que la empresa “es y va a ser de los venezolanos”. “Continúa protegida y vamos a hacer todos los esfuerzos para que sea así”, enfatizó.

Sin embargo, la administración Maduro calificó como un “asalto flagrante” la decisión de las autoridades colombiana. En tal sentido, subrayó que hubo un “secuestro y apropiación ilegal de activos” y lo consideró “un acto violatorio del derecho internacional público”.

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